Gobierno y comunidades ‘liberan’ un tercio de los proyectos renovables atascados

El pasado 27 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la resolución de impacto ambiental del parque fotovoltaico Balsicas, de casi 100 MW de capacidad, ubicado en las localidades murcianas de Cartagena y Torre Pacheco. Promovido por la sociedad Energías Renovables de la Región de Murcia, el proyecto, cuya solicitud de declaración de impacto ambiental (DIA) había sido tramitada en octubre de 2021 ante el Ministerio de Transición Ecológica, es el último que ha logrado el visto bueno de este departamento.

Tanto el ministerio que dirige Teresa Ribera como las comunidades autónomas (el primero responsable de la autorización de los proyectos de más de 50 MW y las segundas, de los que tienen una potencia inferior) han acelerado de manera palpable un trámite administrativo que mantenía en el aire hace apenas un mes a 80.000 MW de renovables por el embudo burocrático en las ventanillas. Estos megavatios perderán sus derechos de acceso y conexión a las redes, otorgados por Red Eléctrica, si no logran dichos permisos antes del 25 de enero, y deberán buscar otros emplazamientos y empezar los trámites de cero.

Sin embargo, en pocas semanas, casi un día sí y otro también, el BOE y los boletines oficiales de las comunidades autónomas, están publicando a un ritmo hasta ahora desconocido declaraciones ambientales pendientes, que en algunos casos han resultado negativas. Tras el anuncio de Ribera de que el Gobierno no prorrogaría dicho plazo (sería la tercera vez que lo hiciese) y las presiones de los promotores afectados que amenazan con recursos contenciosos contra las Administraciones que no cumplan el hito de enero, estas se han puesto las pilas.

No existen datos oficiales de cuántos de los 80.000 MW pendientes hace un mes (60.000 fotovoltaicos y 19.000 eólicos, según las asociaciones sectoriales UNEF y AEE) han sido liberados, pues las resoluciones se van publicando cada día. Pero de la información que proporcionan las grandes y medianas empresas energéticas se puede extrapolar que podría ser ya casi un tercio de esa capacidad la que habría superado el trámite de la DIA.

Endesa, que no tiene un gran volumen de megavatios sujetos a la caducidad del 25 de enero, ha recibido recientemente la luz verde ambiental a una planta solar en Antas (Almería), de 250 MW, y otra en Córdoba, de otros 50 MW.

Naturgy, por su parte, acaba de lograr la DIA favorable para seis proyectos eólicos en Galicia, que suman 136 MW. La última, la del parque Piago, con siete aerogeneradores con 28 MW de capacidad y una inversión de 28 millones. EDP, que tenía entre ocho y diez proyectos pendientes de DIA, ha logrado en pocos días hasta tres resoluciones positivas, pese a llevar mucho tiempo en lista de espera.

También entre las empresas medianas reconocen el avance tras el reciente desbloqueo de muchas de sus DIA, algo que no ocurría antes del verano. Entres ellas, según fuentes del sector, se encuentran Forestalia, Solaria, RIC Renovables o Capital Energy.

Llama la atención que, pese a que la declaración de impacto ambiental es un trámite de por sí muy largo por ser garantista, se están sacando del cajón proyectos que debían haber sido resueltos hace mucho tiempo. Como muestra, el caso de una comunidad autónoma que venía resolviendo seis DIA en un año y que en 2022 ha resuelto más de una treintena.

La prisa es mala

Pero la situación por comunidades autónomas sigue siendo dispar. Se da por hecho que tres de ellas cumplirán con el objetivo: Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las más rezagadas (aunque algunas, como Galicia, están haciendo un esfuerzo evidente), podrían no llegar. Siguen con grandes retrasos la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León o Navarra. En cuanto al Ministerio Transición Ecológica, que evalúa los proyectos grandes, va a marchas forzadas y “está sacando todo en plazos razonables, a un buen ritmo”, aseguran fuentes empresariales.

Muchos promotores se quejan, no obstante, de que la presión que están recibiendo los funcionarios autonómicos está provocando que se estén otorgando declaraciones negativas que, en una situación normal, resultarían positivas. Ante las dudas y frente a las prisas, prefieren resolver las DIA rechazándolas con distintos argumentos, que seguir analizándolas y no cumplir el plazo del 25 de enero.

Ante la posibilidad de que el Gobierno pueda prorrogar el plazo en el último momento, algunas de las empresas afectadas quieren dejar claro que no quieren más aplazamientos, sino que las Administraciones aceleren para que sus proyectos puedan seguir adelante. En el caso de las negativas, Red Eléctrica recuperaría puntos de conexión para proyectos que están a la cola.

Source: cincodias.elpais.com