Lula y la Justicia unen fuerzas para neutralizar a los golpistas en Brasil, pero la incertidumbre y la tensión continúan

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Brasil inició el lunes envuelto en un torbellino de emociones contradictorias. Al alivio por el freno a la asombrosa intentona golpista de la tarde del domingo en Brasilia se le sumaban la tensión ante la magnitud de la amenaza y la incertidumbre por el impacto que los hechos puedan tener en el recién iniciado gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.

Brasilia, la ciudad diseñada para dar forma a un gobierno y una sociedad mejores, fue el escenario de un retroceso histórico que dio la vuelta al mundo: miles de bolsonaristas extremos invadiendo en simultáneo el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto. La institucionalidad del sexto país más poblado del mundo inerme ante una masa de extremistas que vandalizaron con pasión ciega los edificios. Los incidentes dejaron al menos 300 personas detenidas.

Cuando los arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer diseñaron en los años ’50 la Plaza de los Tres Poderes como estación final de la Explanada de los Ministerios, no podían imaginar que estaban facilitando el plan de un grupo de un grupo radicalizado en el siglo XXI.

Muy pocos durmieron en la noche del domingo al lunes en Brasilia, que vivió una madrugada trepidante. Mientras desfilaban autobuses con arrestados, nutridas columnas de bolsonaristas volvían caminando al predio frente al Cuartel General del Ejército, ante el que miles de personas se manifestaban desde hacía dos meses reclamando una intervención militar para evitar la asunción de Lula.

Asalto bolsonarista

Los bolsonaristas más extremos no reconocen el ajustado triunfo de Lula sobre Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre un 50,9 contra 49,1 por cierto que atribuyen, sin prueba alguna, a fraude con el sistema de voto electrónico. Lula asumió la presidencia el 1 de enero a los 77 años y por tercera vez en su vida. Los primeros días de su gobierno, con una sucesión de decisiones y un ambiente de unidad, se demostraron un espejismo. Brasil está altamente polarizado, y en uno de sus polos anida un grupo que reniega de la democracia.

Alexandre de Moraes, ministro del STF; anunció en los primeros minutos de este lunes “el desalojo y la disolución total” en el término de 24 horas de los campamentos bolsonaristas ante instalaciones militares en diferentes ciudades del país. Relator de la sentencia del STF, De Moraes añadió que los manifestantes deberán ser detenidos por actos terroristas, incluidos los preparatorios, asociación para delinquir, abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado, amenaza, persecución e incitación al delito.

Invasión a los tres poderes

La invasión a la sede del poder legislativo, judicial y ejecutivo encontró a Lula fuera de Brasilia, en el Estado de São Paulo. Poco después de conocerse los hechos, el jefe de Estado compareció ante los medios para anunciar la intervención federal del área de Seguridad en el Distrito Federal de Brasilia y cargó contra su antecesor, Jair Bolsonaro, que voló a Estado Unidos el 30 de diciembre, cuando aún le quedaban dos días como presidente.

Centenas de seguidores del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, en la sede del Congreso Nacional.
Centenas de seguidores del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, en la sede del Congreso Nacional.ANDRE BORGESEFE

“Este genocida no sólo provocó esto, no sólo estimuló esto, sino que lo sigue estimulando a través de las redes sociales, allá desde Miami donde se fue a descansar. De hecho, huyó para no ponerme la banda (presidencial)”, dijo Lula antes de volar a Brasilia, donde llegó en horas de la noche. Allí visitó el Palacio del Planalto y se reunió con Rosa Weber, presidenta del STF.

Desde Kissimmee, el suburbio de Orlando en el que se recluyó, Bolsonaro reaccionó con una muy estudiada declaración: “Las manifestaciones pacíficas y conformes a la ley forman parte de la democracia. Sin embargo, depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas en el día de hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la norma”.

Las palabras de Bolsonaro, que decepcionó en las últimas semanas a sus seguidores más radicalizados, quedan muy lejos de lo realmente ocurrido en la capital del país en el primer fin de semana de 2023. Todo sucedió en domingo y en el sopor del horario de la siesta, aunque analistas y medios insistieron en describir los hechos como la crónica de una tragedia anunciada.

Entre el sábado y el domingo, decenas de ómnibus con unos 4.000 bolsonaristas llegaron a Brasilia y se sumaron a los que ya se manifestaban desde hacía dos meses ante el Cuartel General del Ejército, a unos ocho kilómetros de la Plaza de los Tres Poderes.

A las dos de la tarde del domingo, miles de personas iniciaron una caminata hacia el centro de la ciudad. Iban escoltados por la Policía Militar (PM) del Distrito Federal y ocupaban tres carriles de la avenida. Una vez que llegaron a las inmediaciones del Congreso quedó claro que el puñado de policías que custodiaban las instalaciones no podían hacer mucho ante la masa enardecida. Derribado el perímetro de seguridad y en medio de gases lacrimógenos, comenzó la invasión.

Primero fue el Congreso, con especial saña en el Senado, donde se observaron, dos años y dos días después, escenas que recordaron a la invasión del Capitolio en Washington DC el 6 de enero de 2021. Además de apoderarse del estrado de la presidencia del Senado y filmarse y fotografiarse, los extremistas, envueltos en el verde y amarillo de la bandera brasileña, convirtieron en lúdico tobogán la rampa de acceso a la mesa presidencial.

Tras el Congreso llegó la invasión al Palacio del Planalto. Oficinas vandalizadas, vidrios destruidos, obras de arte arruinadas y la oficina de Janja, la esposa de Lula, arruinada con especial saña. Todo, con el añadido de una inundación a partir de la utilización de las mangueras antiincendios.

El STF fue el siguiente, y mientras destruían la sala de plenos, los extremistas se hacían con un trofeo: la puerta del armario en el que De Moraes guarda sus togas. De Moraes es detestado por los bolsonaristas por su papel decisivo como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE): la exhibición de la puerta como botín de guerra desató la euforia de los presentes.

Las pruebas de los delitos son abundantes, ya que, como corresponde a la época, los bolsonaristas se encargaron de fotografiar, filmar y emitir en vivo sus acciones.

Lo más probable es que la mayoría de ellos termine en prisión, porque la maquinaria de la Justicia promete ser implacable. De Moraes ordenó también la incautación de “todos los autobuses identificados por la Policía Federal que trajeron a los terroristas al Distrito Federal” y enumeró las matrículas de 87 vehículos.

Además, prohibió, “hasta el 31 de enero, la entrada de autobuses y camiones con manifestantes en el Distrito Federal” y ordenó a la Agencia Nacional de Transporte Terrestre llevar y enviar el registro de todos los vehículos que ingresaron al Distrito Federal entre el 5 y el 8 de enero de 2023.

Rafael Cortez, cientista político y profesor del Instituto Brasileño de Derecho Público, advirtió que, sin embargo, no será suficiente con enviar a prisión a los protagonistas de la destrucción del domingo en Brasilia: “La politización de las fuerzas policiales es creciente”.

Wallace Corbo, profesor de Derecho Constitucional, coincidió, y añadió que “en los últimos años se produjo una bolsonarización de estamentos de la estructura burocrática del país”. Cortez destacó el rol del STF en los últimos años como “principal trinchera en la defensa de las instituciones democráticas”.

El gobierno del Distrito Federal de Brasilia quedó descabezado. A la decisión de Lula de intervenir el área de Seguridad y poner al frente a Ricardo Cappelli se le sumó la del STF de separar del cargo por 90 días a Ibaneis Rocha, gobernador de Brasilia.

En el Partido de los Trabajadores (PT) miran con sospecha a Rocha, que tenía como secretario de Seguridad a Anderson Torres, que hasta el 31 de diciembre fue el ministro de Justicia de Bolsonaro. Rocha negó ser parte de un complot contra Lula y pidió disculpas al presidente por la incapacidad de las fuerzas de seguridad a su cargo. Torres, que estaba de vacaciones en Estados Unidos, dijo que es “absurdo” vincularlo al levantamiento.

Source: elmundo.es