Feijóo propone una reforma en profundidad del Congreso para evitar errores legislativos como el del ‘sí es sí’

Por el micrófono de Alberto Núñez Feijóo se colaba el eco grave del Oratorio de San Felipe Neri, como reforzando la especial solemnidad que le quería dar a cada palabra. El presidente del Partido Popular eligió este edificio gaditano para la firma de su nuevo Plan de Calidad Institucional por ser el lugar donde se rubricó la Constitución liberal de 1812. O sea, para contraponerla a la «deriva iliberal» que, a su juicio, ha emprendido el actual Ejecutivo. Y para comprometerse a aprobar, en los 100 primeros días de su mandato, 60 medidas de regeneración democrática y despolitización de las instituciones públicas. El plan no lleva siglas, sino el escudo de España. En su elaboración asesoraron a Feijóo ex altos cargos de diferentes gobiernos, incluidos algunos socialistas, según fuentes de Génova. Además, han aportado ideas otros ex dirigentes del PSOE y de Ciudadanos.

Feijóo escribió, a mano, el siguiente mensaje sobre la portada de su plan, que no tiene logo del PP, sino el escudo nacional de España: «Un gran país necesita instituciones a su altura. Aquí está mi compromiso para lograrlo y volver a ponerlas al servicio exclusivo del interés general. Este documento supone un contrato con España, pero también una herramienta contra la resignación».

En su discurso, Feijóo insistió en la idea: «Estamos a tiempo de frenar la erosión de las instituciones y recuperar el sentido de Estado». Aunque, eso sí, teme la respuesta negativa del PSOE a su propuesta. «Si el sanchismo no nos escucha, sé que lo hará la mayoría de los ciudadanos de España» en las elecciones, aprovechó para decir.

EL PAPEL DEL CONGRESO. El documento, de 30 páginas, promete crear una oficina de calidad legislativa que sirva de escudo para evitar errores de técnica legislativa como el de la Ley del sólo sí es sí. Esta oficina, integrada por parlamentarios, letrados de las Cortes y, de manera rotatoria, expertos de cada materia, haría de filtro de las normas, para evitar que vuelva a haber consecuencias negativas como las de la norma del Ministerio de Igualdad, que ha beneficiado ya a 245 delincuentes sociales. Esta oficina, además, evaluaría «ex post» el cumplimiento de las leyes y «su impacto social».

El Partido Popular propone, además, que los letrados tengan que emitir informe sobre la «técnica jurídica» de cada proyecto de ley, antes de la toma en consideración. En ese momento, los trámites se interrumpirían hasta que se emitiesen todos los informes preceptivos, como el del Consejo de Estado o el del Consejo Fiscal. Unos trámites que el PP quiere extender también a las proposiciones de ley que sean tomadas en consideración en el Congreso de los Diputados.

Para «fortalecer el papel de las Cortes Generales», el Partido Popular propone «actualizar sus normas de funcionamiento, para que se evite el abuso de los procedimientos». En el caso del Senado, además, los populares abogan por dotarlo de más «competencias» para «culminar su transformación en cámara de representación territorial real», de manera que tenga la última palabra en las políticas «de carácter claramente territorial».

EL REAL DECRETO-LEY. «Se limitará el recurso al Real Decreto-Ley. Deberá fundamentarse debidamente la extraordinaria y urgente necesidad que lo motiva», reza el documento. Sin embargo, eso es lo que ya exige la normativa vigente. Lo que quiere el PP es asumir el compromiso de no exceder esos márgenes, así como mostrar «la voluntad gubernamental de no incorporar» a los decretos «medidas que no vayan a entrar en vigor de forma inmediata y que, por tanto, deberán regularse por las vías parlamentarias ordinarias». El documento estipula que, para completar esta reforma, se implementarían «mecanismos que impidan el bloqueo de la tramitación de los reales decretos-leyes como proyectos de ley, limitando sus prórrogas». Actualmente, muchos decretos duermen el sueño de los justos durante meses.

En este sentido, Cuca Gamarra apuntó ayer, en una jornada parlamentaria organizada por el PP que hay que acabar cuanto antes con «el injustificable recurso masivo al decreto-ley; el abuso de la tramitación de urgencia sin justificación alguna; la proliferación de leyes ómnibus, y hasta de decretos ley ómnibus o la no incorporación de informes preceptivos y antecedentes necesarios, que el propio Consejo de Estado ya está advirtiendo que debería de contenerse». En su opinión, «todo ello restringe el derecho de participación política de los parlamentarios».

LOS REGULADORES. El plan de Feijóo contempla un nuevo modelo de elección de los directivos de los principales organismos y entes públicos. El compromiso principal de los populares es reformar la normativa para que no se pueda colocar a «afines» en el Centro Nacional de Inteligencia, la CNMV, Correos, el INE, la CNMC o Indra, entre otros organismos de la esfera pública. Y para que los elegidos no puedan provenir de la política activa y deban someterse a «requisitos de idoneidad».

Así lo estipula el plan del PP: «Para aumentar las garantías de independencia se impedirá que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes o miembros de éstas aquellos que hayan ocupado puestos políticos de representación o hayan sido nombrados miembros del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, titulares de Secretaría de Estado o hayan ostentado cargo orgánico en partido político u organización sindical en los últimos cinco años».

EL INE, RTVE y EFE. Para el INE, el Partido Popular propone «garantizar la independencia funcional del presidente, se fijará por ley su mandato temporal, en el mismo sentido que ya se establece respecto a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Banco de España o la Agencia Española de Protección de Datos». Es decir, que los plazos de mandato trasciendan los de la legislatura.

En el caso de RTVE y la agencia de noticias Efe, Feijóo simplemente se compromete a «asegurar la independencia y la libertad de expresión» en los medios públicos, así como a «respetar el trabajo de sus profesionales». Y a evitar que el Ejecutivo de turno sitúe a «afines» en sus cúpulas. Pero no dice cómo.

EL CNI Y OTROS ÓRGANOS. Respecto al Centro Nacional de Inteligencia, los requisitos son mayores. El Secretario de Estado del área o el director del CNI «no habrá ocupado un cargo político en los cinco años previos a su nombramiento», proponen los populares. «El candidato deberá acreditar competencia y experiencia en los ámbitos de seguridad, defensa, relaciones internacionales y/o inteligencia», estipula el documento presentado en Cádiz.

Para la formación de Feijóo, «la obscena colocación de afines en órganos como el CIS -de cuya propuesta ya informó ayer este diario-, el CNI, la CNMV, la CNMC, el INE, Indra, RTVE, Correos o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno patentiza una deriva iliberal que conviene impedir con nuevas garantías normativas que preserven el mérito y capacidad en todos ellos». Por eso quiere replicar su modelo de «despolitización» de la Justicia en todos los procesos de elección de dirigentes de esos organismos.

LA LISTA MÁS VOTADA. Feijóo viene defendiendo en las últimas semanas que siempre gobierne la lista más votada, en virtud de un posible acuerdo con el PSOE -para las generales- y de una modificación legal para las municipales. «Que gobierne la lista más votada constituye una fórmula más justa, transparente y democrática», defiende el PP, sin dar detalles.

De hecho, en su documento, el principal partido de la oposición no entra en cómo se articularía esa propuesta en el ámbito autonómico ni lanza de nuevo a Pedro Sánchez la propuesta nacional, sino que se ciñe a lo local. «Quien gana las elecciones, gobierna, y quién las pierde, controla al que ha ganado. Consideramos razonable afrontar los cambios legales para garantizarlo», dice.

FISCALÍA Y TC. «El mandato del Fiscal General del Estado será de cinco años, para desvincularlo del Poder Ejecutivo y dotarle de mayor apariencia de imparcialidad. Se eliminará la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto», reza el documento, que también introduce medidas para el Tribunal Constitucional: los magistrados deberán firmar un código ético en el que se comprometan a no filtrar a la prensa resoluciones.

SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN. Por último, el PP propone «recuperará el delito de sedición» y dejar «sin efecto» la reforma del de malversación. Y, «a fin de proteger el Estado frente a las amenazas independentistas, se recuperará el delito del referéndum ilegal». ¿El motivo? «Rechazamos el proceso de desconstitucionalización del Estado que está suponiendo la aplicación de principios populistas», y la «degeneración democrática» aparejada.

Source: elmundo.es