Agentes de la Guardia Civil y de la Policía volverán a manifestarse contra la reforma de la ‘Ley Mordaza’ el 4 de marzo

Será una protesta unitaria con efectivos de todos los cuerpos en la que el reproche al Gobierno sigue intacto: no han contado con ellos

• Interior La reforma de la ‘Ley Mordaza’ permitirá las manifestaciones no comunicadas
• Legislación Rodear el Congreso dejará de ser delito con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Todos los cuerpos policiales sin excepción volverán a unirse en una macromanifestación en Madrid para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ultima el Gobierno, la conocida como ‘Ley Mordaza’, y lo harán el próximo 4 de marzo, según ha podido saber EL MUNDO.

De esta manera, agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las policías autonómicasrepetirán la movilización del 27 de noviembre de 2021, una protesta que hizo historia por multitudinaria y por agrupar por primera vez en una protesta a agentes de las policías nacional, local y autonómica y del Instituto Armado.

Más allá del fondo en el que el Gobierno pretende instalar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un dolor profundo y manifiesto por haber sido excluidas del debate para reformar la normativa. También por la sensación que tienen los agentes de estar obligados a retar a la delincuencia en su propio terreno y con la presión añadida -e inquebrantable- de tener que ganarle.

El reproche de todos los representantes de la seguridad sigue intacto pues.

Jusapol – plataforma formada por agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil de todas sus escalas y categorías- volverá a organizar las protestas. El ritmo que el Ejecutivo central ha imprimido a las bambalinas para el cambio, ha enervado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El 21 de diciembre pasado, el Congreso convocó la primera ponencia encargada de esta ley. Que se hiciera en la última sesión ordinaria del año levantó ampollas. En ella se aprobó, entre otras cosas, que las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados dejaran de ser delito.

Además, las protestas no comunicadas en zonas de servicios básicos y sus inmediaciones dejarán de ser infracciones muy graves para quedarse en graves. Las enmiendas para modificar la normativa contempla, asimismo, no sancionar a quien cause desórdenes públicos cuando sea menor de edad o tenga una capacidad económica limitada.

Hace un mes, se celebró la segunda jornada de la ponencia en la Cámara Baja. En una hora, se aprobaron 29 enmiendas, una velocidad que dejó clara la intención del Ejecutivo para zanjar este polémico asunto cuanto antes.

Entre las novedades más importantes aprobadas en la última ponencia destacan la anulación de sanciones administrativas anteriores a la modificación de la ley que están en trámite o no iniciadas, la formación a policías y a guardias civiles para mediar en las manifestaciones -que ya no tendrán que comunicarse- y la obligación de los agentes de avisar y dar un tiempo de manera audible a los manifestantes antes de disolver las concentraciones.

Los puntos que siguen suscitando el rechazo de los socios gubernamentales son los referidos a las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia a los miembros de las fuerzas de seguridad, el uso de las pelotas de goma y las devoluciones de inmigrantes en caliente.

«Desde el movimiento Jusapol, tenemos claro que la seguridad de los españoles quedará comprometida y difícilmente se podrán garantizar unas calles pacíficas si cada vez se tara más la actuación preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, denunció el presidente de Jusapol Miguel Gómez.

Aarón Rivero, secretario general de Jupol, también cargó contra los planes del Ejecutivo central para reformar la normativa. “Nos afecta a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto estatales como autonómicos y locales, pero los grandes perjudicados serán los propios ciudadanos que verán coartada en gran medida su libertad y desde luego su derecho a la seguridad”.

“Una vez más desde Jupol tenemos que dar voz a toda la policía en defensa de sus derechos, denunciando el abandono que sufrimos por parte de este Gobierno y la irresponsabilidad que está reforma conlleva más si cabe cuando no se ha tenido en cuenta nuestra opinión como profesionales garantes de la seguridad ciudadana”.

Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil se pronunció en los mismos términos y subrayó la inquietud que el cambio suscita en el colectivo.

“Vemos la reforma con preocupación por las trabas que nos genera a los agentes, aunque en primera instancia seremos los perjudicados, los verdaderos rehenes de este despropósito serán los ciudadanos que tendrán unas calles menos seguras donde las fuerzas del orden estarán atadas de pies y manos para proteger nuestro Estado de Derecho y las libertades de los españoles”. “Ante la inacción de este Gobierno nos vemos en la obligación una vez más de mostrar nuestro rechazo a esta reforma saliendo a la calle”, añadió.