El ex alcalde de Estepona, en el banquillo tras 16 años de proceso, niega que amparara irregularidades urbanísticas
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Tribunales
Antonio Barrientos está acusado de dejar sin tramitar un millar de sanciones
El ex alcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, uno de los principales acusados en el caso Astapa en el que se dilucidan responsabilidades en una presunta trama de corrupción política y urbanística que habría tenido como escenario el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), ha sido el primero en sentarse este martes en el banquillo en la Audiencia Provincial de Málaga pero se ha negado a responder al fiscal. Tras él, desfilará ante la autoridad judicial medio centenar de acusados entre exconcejales, empresarios y empleados municipales.
Barrientos se enfrenta -16 años después de arrancar el procedimiento- a una pena total de diez años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación por los delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Durante su intervención, el ex regidor ha negado haber cometido irregularidad alguna en materia urbanística en la etapa en la que estuvo al frente del consistorio esteponero entre los años 2003 y 2008. Y como también lo hiciera su abogada en la sesión inicial dedicada a la exposición de las cuestiones previas, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la Policía y su investigación, ya que considera que está plagada de “múltiples irregularidades y anomalías, impropias de un Estado de Derecho“.
“Estoy contento de que acabe pronto y tengo la convicción de que acabará bien”, ha señalado el ex alcalde socialista a su llegada a la Audiencia malagueña. Barrientos se ha presentado temprano a su cita con la justicia y en las escaleras mismas de la entrada principal de la Audiencia malagueña ha asegurado que se encontraba tranquilo y con “muchas ganas de hablar y de manifestarse”.
Una vez dentro y ya ante la autoridad judicial, el ex regidor se ha negado a contestar tanto a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción como a las del resto de los abogados personados en el procedimiento, entre ellos el del Ayuntamiento de Estepona. No obstante, el Tribunal le ha permitido comentar una serie de cuestiones antes de comenzar la fase testifical. Entre ellas, el tema de la prescripción de expedientes sancionadores.
Cabe recordar que la Fiscalía lo acusa de haber dejado sin resolver, de forma consciente o por intereses políticos, cerca de un millar de supuestas infracciones por edificación de suelo no urbanizable, ampliación de viviendas o movimientos de tierras. Con ello, precisa el fiscal, pretendía evitar el coste en las urnas que habría tenido para él y el Partido Socialista sancionar a vecinos del municipio.
Barrientos ha subrayado que el periodo de 2003 a 2007 estuvo marcado por un fuerte desarrollo económico y urbanístico y ha destacado que no le consta que se paralizaran expedientes como mantiene el fiscal. Así mismo, ha negado que estos se dejaran correr y ha señalado a la aprobación de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y a la falta de personal como causas involuntarias de los posibles retrasos.
“Ningún técnico ha recibido jamás por parte de la concejala –María Miralles– ni por nadie sugerencias, proposición y menos aún presión sobre expedientes de disciplina”, ha reiterado el ex alcalde.
Miralles, que fue delegada de disciplina urbanística, ha declarado también este martes en calidad de testigo y ha afirmado que ella lo consultaba todo con los técnicos porque “de urbanismo no entendía nada”.
La investigación del caso Astapa, que llevó a la intervención del consistorio y a la cárcel al entonces alcalde Barrientos, comenzó en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.
El acusador, “decepcionado”
David Valadez, uno de los concejales socialistas que denunció las presuntas irregularidades de las que fue testigo en su etapa como edil en el Ayuntamiento de Estepona junto al entonces alcalde Barrientos, se ha mostrado muy “decepcionado” ante el curso que ha tomado la causa y así lo ha comentado a EL MUNDO.
Después de 16 años de espera el tribunal no sólo ha decidido no admitir el nuevo bloque temático planteado por el Ministerio Fiscal durante las cuestiones previas y cuyo objeto no era otro que acreditar la validez de las fuentes de prueba, sino que ha eliminado de la ecuación las escuchas telefónicas y las pruebas derivadas de ellas, atendiendo así a la demanda de las defensas, ha lamentado.
No obstante, Valadez, que declara este miércoles por primera vez ante la autoridad judicial, asegura a este diario que está tranquilo ya que -asegura- se siente respaldado por la verdad y “la verdad sólo tiene un camino”. Además, está dispuesto a contar todo lo que sabe, algo que no había querido hacer hasta ahora con idea de no entorpecer el desarrollo de la causa.
Source: elmundo.es