La Fiscalía tendrá que decidir si investiga las listas de Bildu con 44 condenados por terrorismo
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Registra un escrito de Dignidad y Justicia que reclama examinar si las inhabilitaciones que se les impusieron en las sentencias les permiten ir en las listas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia la denuncia presentada por Dignidad y Justicia referida a los 44 candidatos de Bildu para las próximas elecciones municipales que en su día fueron condenados por terrorismo, siete de ellos por delitos de sangre.
En su escrito, la asociación reclama que el Ministerio Público abra unas diligencias de investigación para comprobar si los términos de las condenas que se les impusieron les permiten ir en las listas o si bien alguno de ellos continúa inhabilitado.
“Es deber y obligación del Estado de Derecho, ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones”, señala el escrito de la asociación presidida por Daniel Portero, “y por ende, proceder a la averiguación de los hechos contenidos en la presente denuncia, tendentes a determinar si los cuarenta y tres candidatos condenados por terrorismo tienen cumplida o no su pena de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público impuesta por sentencia firme”.
La Fiscalía, por el momento, se ha limitado a indicar que ha registrado la denuncia presentada el jueves. “Se ha procedido a su registro, y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de Diligencias de investigación preprocesales”, ha comunicado la Fiscalía que dirige Jesús Alonso.
Lo más probable es que, aunque se acabe estudiando los casos, no haya consecuencias. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que vigila desde hace años la presencia de condenados en listas electorales, se considera que los candidatos cuestionados han cumplido con las limitaciones para ser candidatos. Tanto las que acompañan a la propia pena de prisión como las que se derivan de inhabilitaciones especiales para cargos públicos.
“Los 44 tienen cumplidas las inhabilitaciones absolutas fijadas durante el tiempo de la condena y las especiales, los que las tienen, para cargo público por lo que no incurren en causa de inelegibilidad”, afirma la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara.
La revisión de la letrada de las víctimas actualizada este mismo viernes concluye que, de los 44 casos, en 26 la inhabilitación se ha cumplido ya o no se llegó a imponer. En tres condenas francesas no se incluía tampoco esa limitación para ser candidato o cargo público. En otros 14 casos no se ha podido contar con la sentencia, pero por la fecha de la condena y el tiempo transcurrido se considera muy probable que la eventual inhabilitación se haya cumplido.
Hay finalmente un caso de los denunciados en los que no consta sentencia, por lo que en realidad los condenados en listas son 43. En el caso de Sonia Respaldiza, lo que consta es su aparición en papeles de l dirección de ETA. Su papel como impulsora de Sortu -núcleo de Bildu- fue empleada en 2011 por la Fiscalía y el Gobierno para instar la ilegalización de ese partido. La petición fue atendida por el Tribunal Supremo pero revocada por el Constitucional.
“Salto cualitativo”
La abogada de la AVT recuerda que en las anteriores elecciones municipales Bildu presentó 18 candidatos con condenas previas, uno de ellos con delitos de sangre. Eso supone que lo sucedido ahora supone “un salto cualitativo y cuantitativo considerable”.
Sobre el papel, la inclusión reiterada de condenados por terrorismo en las listas es uno de los elementos que la Ley de Partidos contempla para la ilegalización de un partido. Vox ha registrado este viernes una petición en el Congreso para instar al Gobierno a que declare ilegal a EH Bildu y forzar al resto de partidos a posicionarse sobre la ilegalización de la formación abertzale.
Bildu cuenta con cinco escaños en el Congreso y esta legislatura ha sido un socio fundamental para la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La presencia de ex terroristas en las candidaturas fue denunciada el martes públicamente por el colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) que preside Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1995 Gregorio Ordóñez.
Al denunciar lo sucedido con las listas, Ordóñez urgió a los responsables públicos a garantizar unos “mínimos principios políticos y éticos” en los nombramientos de los condidatos, afirmando que “cualquier condenado por terrorismo, aunque haya cumplido su pena, debería estar obligado a repudiar públicamente su pasado criminal si quiere ejercer una función pública”. A su juicio, en caso contrario se estaría convirtiendo “en referentes democráticos precisamente a quienes más han hecho por destruir la democracia, atentando contra la vida y la integridad física y moral de miles de personas”.
Source: elmundo.es