Melilla: Nueve detenidos en una operación policial por la compra de votos por correo en Melilla | Elecciones autonómicas 28M | España

La Policía Nacional ha puesto en marcha en Melilla una operación contra la supuesta compra masiva de votos en la ciudad autónoma que ha incluido, hasta el momento, la detención de nueve personas ―tres arrestadas este lunes y seis en las últimas horas― y una decena de registros en los que se han incautado diversas cantidades de dinero y documentación, según ha confirmado la Delegación del Gobierno. Entre el material intervenido hay papeletas, según fuentes policiales. Uno de los detenidos es familiar de Mustafa Aberchán, líder de Coalición por Melilla (CpM), partido del que uno de sus locales ha sido registrado, según confirman fuentes policiales. La investigación se dirige también a aclarar el intento de soborno de un funcionario de Correos destinado en una oficina postal de la península desde la que la red pretendía entregar votos con destino a Melilla, añaden estas mismas fuentes.

Las pesquisas se pusieron en marcha tras constatarse la existencia de redes de captación de votos por correo que habían disparado su actividad en las últimas semanas ante la cercanía de las elecciones a la Asamblea de la ciudad del próximo 28 de mayo, como lo revelaba que un total de 11.707 residentes en Melilla hubieran solicitado el voto: el 21,21% del censo electoral. Este porcentaje supone más del doble del registrado en los comicios de 2019 y es siete veces superior a la media nacional (2,8%) y a la de la ciudad autónoma de Ceuta (3,3%).

Según fuentes del caso, los seis detenidos están entre los más de 30 sospechosos en los que la Brigada Provincial de Información de la Policía había puesto el foco dentro de la investigación que dirige y mantiene bajo secreto la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Melilla. Se trata en la mayoría de los casos de pequeños delincuentes, muchos dedicados al trapicheo de hachís, que ocupan el escalón más bajo en la presunta trama de compraventa de votos. Su papel era el de intermediarios y, en concreto, el de captar, entre familias vulnerables de la ciudad, a votantes dispuestos a vender su sufragio a cambio de cantidades que oscilaban entre los 50 y los 200 euros. Estas mismas fuentes añaden que el objetivo es que su testimonio permita seguir escalando en la red hasta los presuntos responsables finales del fraude electoral. Los investigadores tienen el foco puesto en integrantes de Coalición por Melilla (CpM), pero también en “otros partidos” respecto a los que los indicios son menos concluyentes.

Al menos uno de los arrestados, un hombre de unos 40 años detenido en el barrio del Cuerno, ha sido puesto en libertad. “¿En vez de coger a [Mustafa] Aberchán o a [Juan José] Imbroda nos cogen a nosotros? Nosotros estamos aquí en la calle, nada más, y le aconsejamos a los vecinos por el voto, pero los que compran, los que pagan por los votos son ellos, y a ellos no les cogen”, ha declarado indignado tras ser liberado.

La ciudad autónoma está viviendo en estos últimos días una campaña embarrada por esta investigación judicial, que ha desembocado además en un cruce de acusaciones entre las principales formaciones políticas. La situación ha obligado también a la junta electoral de zona (JEZ) a intervenir. El pasado miércoles acordó, a instancia de la jueza que investiga la supuesta trama, que Correos exigiera la presentación del DNI a todas las personas que acudieran a sus oficinas a depositar su voto por correo. La medida tuvo efectos inmediatos: de las 11.707 peticiones de voto por correo, hasta este martes solo se habían entregado 1.882, el 16%, según datos del Ministerio del Interior.

No es la primera vez que la sombra del fraude por el voto por correo se cierne sobre Melilla. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel al expresidente de Melilla y líder de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, y al ex secretario general del PSOE en la ciudad, Dionisio Muñoz Pérez, por la supuesta compra de votos emitidos por correo en las elecciones al Senado de 2008. Según consideró probado la sentencia, desde la sede de CPM y las Juventudes Socialistas de la ciudad autónoma se organizó una trama para convencer a ciudadanos para que solicitaran el voto por correo y les entregasen a ellos el sobre. Los acusados se encargaban de meter la papeleta de su candidatura —en aquellos comicios Coalición por Melilla y el PSOE concurrían en coalición— y entregarlo en Correos. A cambio del voto, los dirigentes políticos prometían a las familias un contrato en los planes de empleo de la delegación del Gobierno.