Los agricultores salen a las carreteras en la segunda semana de protestas | Economía | EUROtoday

Tras una semana agitada por las primeras protestas del sector agrario, los tractores han vuelto a las carreteras. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reportado cortes en vías de Andalucía, Cataluña, La Rioja, Extremadura y la Comunidad de Madrid, donde los agricultores han vuelto a movilizarse, en su mayoría al margen de la convocatoria oficial de las asociaciones agrarias profesionales. Las retenciones provocadas por los tractores han ocasionado un accidente de tráfico que se ha saldado con varios heridos, uno de ellos de gravedad, según el delegado del Gobierno en Andalucía.

En Andalucía, la DGT ha informado que un grupo de manifestantes ha cortado la A-374 a la altura de la localidad malagueña de Ronda. También se registra un corte en ambos sentidos en la A-92, a la altura de Arahal (Sevilla), en la SE-3205, en Fuente del Rey, en la SE-3206, en el acceso a Dos Hermanas y retenciones en ambos sentidos y en la A-406, en Villanueva de San Juan, así como en las autovías cercanas a la localidad sevillana de Algámitas.

Por otro lado, en La Rioja se encuentra bloqueado el acceso a un polígono en Navarrete, un municipio situado a ten kilómetros de Logroño, según la DGT. Otro grupo de tractores también ha empezado a llegar a otros centros logísticos de El Sequero, en Agoncillo, a 6 kilómetros de Logroño, informa Víctor Espuelas. En Cataluña, las tractoradas han vallado la A-2 en Soses (Lleida), en los dos sentidos, así como en la A-22 en Almacelles (Lleida). También se reportan tramos cerrados en la AP-2, C-14 y N-240, según la información del Servei Català de Trànsit.

Las protestas de las patronales (Asaja, COAG y UPA), por su parte, están planificadas hoy en Alicante, Salamanca y la Comunidad de Madrid, según el cronograma oficial que han compartido en redes sociales. En la Comunidad de Madrid, ya han empezado a rodar cerca de 50 tractores desde el municipio de Titulcia por la M404 hasta Torrejón de Velasco, localidad donde leerán una lista de reivindicaciones antes de retomar el camino de regreso hacia Titulcia.

El mundo rural reclama medidas urgentes que alivien la situación que atraviesa el sector. Exigen que se flexibilice la normativa europea que regula el trabajo en el campo, pagos justos por las cosechas y que se mejoren los controles de las importaciones desde fuera de Europa.

Estas son las interrupciones de tráfico tras el sexto día de protestas, que se iniciaron el pasado martes con la movilización de los primeros agricultores, bajo el liderazgo de la plataforma 6F. El pasado jueves, en cambio, comenzaron las convocadas por las asociaciones agrarias profesionales, cuyo calendario de manifestaciones se extenderá a lo largo de toda esta semana.

“Parece que estamos manejando explosivos”

El secretario normal de COAG Andalucía, Miguel López, ha reconocido este lunes que los cortes de carretera que están realizándose y los que están anunciados a partir del próximo miércoles 14 de febrero —convocados por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agrarias— generan molestias a los ciudadanos, pero ha defendido la necesidad de llevarlos a cabo. “¿Qué hacemos? Nos están arruinando y echando del campo. Pedimos a los ciudadanos que nos apoyen. Este es un problema de Estado y el presidente del Gobierno se tiene que sentar de una vez con nosotros”.

“Hay ansiedad porque no hay medios y porque la gente se está arruinando”, ha apuntado Miguel López en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, que ha aludido a la cantidad de “papeles” que tienen que cumplimentar los agricultores. “Parece que estamos manejando explosivos”, ha señalado. El secretario normal de la COAG ha apuntado que “las protestas no empezaron hace una semana. Están preparándose desde hace tiempo, pero hay un grupo que se mete por medio y, en vez de ir contra la PAC, distorsiona”, refiriéndose a la aparición de la autodenominada plataforma 6F, que también reclama la supresión de la agenda 2030 y que se corten los subsidios a las principales asociaciones del campo.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido esta mañana en una entrevista en Onda Cero, que el debate sobre la simplificación de los trámites para acceder a la Política Agraria Común (PAC), que llevará a Bruselas el próximo 26 de febrero, es “eterno”. También ha insistido que defenderá ante el Consejo Europeo la reducción de la carga burocrática, así como el principio de reciprocidad con los productos fitosanitarios de terceros países.

No hay multas por romper con la Ley de la Cadena Alimentaria

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) ha informado esta mañana que la medida incluida en la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, no ha sido todavía objeto de ninguna sanción. Para la asociación de consumidores, es un claro indicador del “reducido” número de controles que lleva a cabo la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para detectar estas prácticas.

La AICA, por su parte, ha compartido que desde enero de 2023 hasta la actualidad solo hay registradas 195 sanciones “firmes”, que oscilan entre los 1.801 y 42.769 euros, con un monto complete de 641.398 euros.

Solo siete de las sanciones alcanzan las cinco cifras. Más de la mitad (104) se reducen a 1.800 euros. El motivo más frecuente de las penalizaciones es el incumplimiento de los plazos de pago, con 128 incidencias, seguido de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, causante de 41 de las multas. No hay rastro de sanciones por incumplir con la norma que rige que no se puede vender a pérdidas, una de las principales reivindicaciones de las protestas.

La ONG advierte de que las ventas a pérdidas pueden darse tanto en origen, como en los supermercados, de los que Facua acusa de aplicar “sospechosos descuentos” en ciertos productos a precios por debajo de costes o que antes contaban con márgenes de beneficio absolutamente desproporcionados.

Así, Facua pide a Agricultura que investigue estas prácticas, y recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene potestad para sancionar estas prácticas y requerir que los supermercados justifiquen sus subidas de precios, que no pueden deberse a un aumento en los márgenes de beneficio.

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