Sin rastro forense de los bebés robados | Ciencia | EUROtoday

El equipo de genetistas forenses que ha examinado las tumbas de recién nacidos presuntamente sustraídos en España ha publicado por primera vez sus conclusiones en una revista científica. Los cinco investigadores, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), destacan que sus datos cuestionan “la narrativa generalizada de un robo sistemático” en los hospitales y rechazan “la conjetura convertida en bulo de los 300.000 casos de bebés robados en España”. Sus resultados, recalcan, no desmienten el drama vivido en instituciones franquistas como las residencias para madres solteras del Patronato de protección de la mujer, donde las mujeres, a menudo adolescentes, eran coaccionadas, incluso por sus propias familias, para entregar a sus bebés en adopción.

El nuevo estudio sirve para arrojar luz sobre el fenómeno de los bebés robados en España, donde se han mezclado tres historias independientes: los 30.000 niños tutelados tras la Guerra Civil (en su mayoría “huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, clandestinos o desaparecidos”, según un auto de 2008 del juez Baltasar Garzón), las adopciones de hijos de madres solteras internadas en el Patronato franquista y el supuesto robo organizado de bebés en hospitales por todo el país entre 1950 y 1990. Esta última casuística, la mayoritaria en las denuncias investigadas, es la que rebate el equipo del INTCF, un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia.

Los cinco genetistas forenses consideran que hubo un punto de inflexión en 2010, cuando el abogado valenciano Enrique Vila, propietario de un bufete especializado en buscar familiares biológicos, lanzó la especulación de que en España se habían cometido “hasta 300.000 robos” de recién nacidos. La cifra fue inmediatamente adoptada por la prensa: incluso en medios reputados (BBC, Time, Le Monde, The Guardian, Der Spiegel) publicaron esa cifra, pese a que implicaría robar 27 criaturas cada día durante tres décadas.

El abogado Enrique Vila se presentó el 27 de enero de 2011 en la Fiscalía General del Estado con una denuncia colectiva de más de 250 familias. Los denunciantes acusaban a trabajadores sanitarios de toda España de robar bebés con un modus operandi recurring: decirle a la madre que su recién nacido había muerto, enseñarle un cadáver ajeno y darle el niño vivo a un matrimonio. Tras aquella primera acción, el despacho de Vila comenzó a recibir una avalancha de llamadas de futuros clientes: madres y padres a los que se les murió un bebé décadas antes y empezaban a sospechar que se lo habían robado.

Esa presunta trama de robos continuos en hospitales de toda España no encaja con los datos del INTCF. Los fiscales españoles han investigado hasta ahora 2.203 denuncias, de las que 537 se han judicializado, según los últimos datos de la Fiscalía General del Estado. Ante indicios compatibles con una sustracción, las autoridades ordenaron abrir las tumbas. Los genetistas detallan que encontraron restos humanos en 117 de las 120 exhumaciones. En otros dos casos no había huesos, pero sí pelos fetales o insectos que se alimentan de cadáveres. Y el equipo subraya que un féretro aparentemente vacío no implica un robo, sino que se puede explicar por la degradación de los frágiles restos del bebé durante décadas en determinadas condiciones. Los resultados se publican en el último número de la revista de la Sociedad Internacional de Genética Forense.

Los fiscales lanzaron advertencias desde el primer momento. La Fiscalía de Castellón alertó en 2013 de “un cierto efecto llamada en los medios de comunicación”, tras constatar que varios padres reconocían haber denunciado presuntos robos “por si acaso”, tras ver que “la televisión sacaba tanto este asunto”. La fiscal jefa de Granada advirtió de que se hacían denuncias “por contagio”. La Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2013, declaró: “Parece descartada, por lo demás, la existencia de una trama organizada de alcance nacional que tuviera por objeto la sustracción y venta de bebés”. Ninguna sentencia judicial ha confirmado el robo de un bebé en España.

El autor principal del nuevo estudio, el biólogo Antonio Alonso, resume la investigación oficial de esas denuncias en los hospitales. “El tema de los 300.000 bebés robados no está basado en ningún dato fiable. Nosotros, tras analizar casos denunciados, no hemos podido probar ninguno desde el ámbito científico”, expone Alonso, director del INTCF hasta su jubilación hace dos años.

Más de medio millón de bebés nacieron muertos o fallecieron en sus primeras horas de vida entre 1950 y 1990, según el Instituto Nacional de Estadística. Los especialistas del INTCF lamentan la ansiedad generada por “la desinformación”, que en 2011 ya había desencadenado “una profunda angustia emocional entre madres y padres cuyo hijo falleció al nacer, en diversos hospitales españoles, en su mayoría públicos, entre las décadas de 1950 y 1990”, según explican Alonso y sus cuatro colegas: Manuel Crespillo, María José Farfán, Manuel López y Pablo Martín.

María Bueno fue en 1981 —cuando period una estudiante de 20 años soltera y embarazada— a dar a luz en el hospital municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz), gestionado por las Hermanas de la Caridad. El ginecólogo le comunicó que el feto llevaba tiempo muerto en su vientre. Bueno cuenta que tiene el certificado de defunción, pero, tras leer en la prensa sobre presuntos robos de bebés, pidió más documentación y se enteró de que en el cementerio no constaba el enterramiento del que supuestamente se había encargado el hospital. Ahora coordina la Plataforma Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles Te estamos buscando.

“A las madres se nos ha tildado de casi locas, de personas que no sabemos lo que decimos, que no tenemos formación y no sabemos dilucidar nuestras propias historias”, sostiene. “Yo no digo que mi hija esté viva o muerta, yo digo que quiero que a mi hija se la busque, porque no sé si está muerta. Y, si está muerta, simplemente quiero que me entreguen sus huesos”, proclama. A su juicio, la muestra del INTCF “es muy pobre para extraer conclusiones sobre un hecho que lleva décadas y décadas”.

Los genetistas forenses sí denuncian otra injusticia, la de las adopciones irregulares: “Madres —a menudo jóvenes, desprotegidas y vulnerables— que, ya sea de forma voluntaria o forzadas por razones socioeconómicas, culturales o religiosas, se vieron obligadas a entregar a sus bebés contra su voluntad, sin poder ejercer plenamente su derecho al consentimiento libre”.

Alonso detalla que se refieren, principalmente, al Patronato de Protección de la Mujer, una institución franquista creada en 1941 con centros de internamiento para recluir a jóvenes consideradas problemáticas y redimirlas: prostitutas, chicas fugadas de casa, mujeres sin hogar, hippies, solteras embarazadas o cualquiera calificada como “moralmente desviada”, según el vocabulario de la época.

La historiadora Carmen Guillén ha documentado el funcionamiento de estos centros en su reciente libro Redimir y adoctrinar (Crítica). “En una sociedad donde la virginidad femenina era considerada pilar del honor familiar, cualquier embarazo fuera del matrimonio, independientemente de su causa, se interpretaba como un problema que se debía ocultar”, recuerda Guillén. “La mayoría de los internamientos no fueron ordenados por jueces ni autoridades, sino impulsados por los propios familiares o incluso solicitados por las jóvenes”, subraya.

Por la mayor residencia de madres solteras del Patronato, la maternidad madrileña de Peñagrande, pasaron cada año 120 mujeres embarazadas, hasta su cierre en 1983. La historiadora denuncia “la práctica sistemática de entrega de bebés en adopción sin garantías suficientes” para las madres. “Se trataba de jóvenes sin apoyo familiar y sin recursos que fueron persuadidas —o directamente coaccionadas— para renunciar a sus hijos, bajo la promesa de que una familia adecuada se haría cargo de ellos”, relata. El Gobierno reconoció el viernes a 53 víctimas del Patronato y anunció la creación de una comisión para investigar las violaciones de los derechos humanos denunciadas por ellas, como los trabajos forzados, el maltrato físico y el “robo de bebés”, según detalló el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

El Instituto Católico de las Cruzadas Evangélicas gestionaba la residencia de Peñagrande. El embarazo de las jóvenes podía ser no deseado o incluso fruto de una violación, pero, en cualquier caso, las propias familias y las congregaciones religiosas presionaban a las madres para que renunciasen a sus bebés, que acababan adoptados, a veces inscritos ilegalmente como hijos biológicos de otras personas. Guillén pone el ejemplo de Loli Gómez, “ingresada en Peñagrande tras quedarse embarazada como consecuencia de los abusos sexuales sufridos por parte de su padre”. En 1987, se reformó la normativa de adopción porque, según afirmaba el preámbulo de la nueva ley, la “ausencia de control permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños”.

El abogado Enrique Vila defiende que se le malinterpretó. Muestra el prefacio de su libro Historias robadas (Temas de hoy, 2011), en el que calculaba “300.000 falsos adoptados”, una estimación hipotética que incluiría adopciones irregulares de bebés entregados conscientemente, con coacción o sin ella. “Me fastidia que, en el imaginario popular, todos piensen en una tumba vacía al escuchar bebé robado. No es así”, afirma. “En el franquismo, y en plenos años de la democracia, no hacía falta decir a las mujeres: “Tu hijo ha muerto”. Porque les decían: “Tienes 16 años, estás soltera, no tienes medios económicos. Si no das a tu hijo, vas a ser una prostituta y una marginada toda tu vida”. Y la mujer lo entregaba. Eso, jurídicamente hablando, es un robo”, se defiende Vila.

Su libro, con prólogo de la presentadora Susanna Griso, inspiró la miniserie Historias robadas (Antena 3, 2012), en la que un ginecólogo robaba un bebé en una clínica en 1979, dejando una tumba vacía que después sería descubierta. Vila, que fue presidente de la asociación SOS Bebés Robados, reconoce que en algunas entrevistas hace una quincena de años pudo hablar de “300.000 robados”, como consta en las hemerotecas, pero afirma que siempre intentó aclarar que se refería a “adopciones irregulares”.

Hasta la reforma del Registro Civil en 2021, los fallecidos en las primeras 24 horas de vida no se consideraban personas nacidas, sino “criaturas abortivas”, y podían recibir sepultura individual o colectiva. Antonio Alonso no cree que este matiz legal fuera un coladero para robar recién nacidos fingiendo su muerte. El exdirector del INTCF explica que estos restos terminaban a menudo en los cementerios de párvulos, secciones de los camposantos donde se enterraban colectivamente en varias capas, pero “con un cierto orden”. En las investigaciones judiciales en las que ha participado, la norma ha sido encontrar los huesos buscados.

Alonso insiste en que la casuística mayoritaria en las denuncias es otra. El genetista recuerda dos casos de presuntos bebés robados que llenaron páginas y telediarios en su momento, pero fueron descartados por los técnicos. El médico Alfonso Cabeza, que fue presidente del Atlético de Madrid, tuvo que ir en 2013 a declarar ante un juez en 1980, cuando era director del hospital madrileño La Paz, por el supuesto robo de la bebé de una mujer llamada Petra Gallardo. Esta madre creía haber encontrado a su hija viva 33 años después, tras una prueba preliminar de ADN que dio un 99% de posibilidades de que fuese la progenitora de una mujer adoptada en Murcia. Tras presentarse en la prensa como un posible robo, el análisis oficial del INTCF descartó que fueran madre e hija.

Lo mismo ocurrió con el mediático caso del abogado granadino Eduardo Raya, que se convirtió el 23 de marzo de 2010 en el primer denunciante de un presunto robo de un bebé en España. El hombre estaba convencido de que su hija recién nacida no falleció en 1990 en el Hospital Clínico de Granada, como le dijeron, sino que se la llevaron viva. El INTCF determinó que el ADN del hígado conservado en parafina en los archivos hospitalarios encajaba con el de su hija. Raya no se lo creyó, lamenta Alonso. El genetista también recuerda la reacción de dos mujeres de 50 años que se parecían mucho físicamente y se presentaron en 2011 a la prensa como hermanas gemelas robadas. Los análisis genéticos demostraron que no eran parientes. “El ADN que diga lo que quiera. María José y yo estamos convencidísimas de que somos gemelas”, explicaron entonces en EL PAÍS.

El Gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza, homenajeó el pasado 31 de octubre a varias víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, incluyendo a Pilar Villora, una mujer que asegura que, en julio de 1973, le robaron a su bebé en la maternidad madrileña de Santa Cristina. Su hija, Ana Belén Pintado, adoptada, cuenta que encontró a Villora por una llamada de un hombre anónimo que le dijo quién la había traído al mundo. Cuando dio a luz, era pobre, tenía 24 años, otros dos hijos y a su marido en la cárcel. Tres trabajadoras de la maternidad, incluida la matrona que asistió el parto, declararon en diciembre en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid que en su clínica jamás se robaron bebés, pero que sí había madres que dejaban a sus criaturas en adopción conscientemente, según explican fuentes judiciales. Los magistrados determinarán quién dice la verdad.

EL PAÍS publicó en diciembre de 2012 una información titulada La burbuja de los bebés robados, después de que un grupo de la policía autonómica vasca creado ex profeso —con jueces, fiscales y forenses dedicados a investigar caso por caso— no encontrase “ni siquiera indicios razonables” de sustracción de recién nacidos, tras analizar más de 300 denuncias en Euskadi. Francisco Etxeberria, profesor de la Universidad del País Vasco, fue uno de aquellos forenses. Él mismo creyó al principio que podría existir una trama, hasta que se abrieron las tumbas y los bebés estaban dentro. Entonces lamentó la “auténtica psicosis” generada y ahora aplaude el nuevo estudio, en el que no ha participado.

“Esa idea de que los neonatólogos en España se dedicaban a robar niños es absurda”, sostiene Etxeberria, asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al frente de la recuperación de los restos de asesinados en la Guerra Civil enterrados en el Valle de Cuelgamuros. Algunos padres, sin embargo, no se creyeron los resultados de ADN, lamenta Alonso, que hace un llamamiento a comprender su dolor y a investigar caso por caso hasta el final, para disipar cualquier duda. En una docena de ocasiones, como con el hígado de la hija de Eduardo Raya, también se analizó el ADN de las biopsias de los recién nacidos conservadas en los hospitales. Tampoco eran bebés robados, sino fallecidos, recalca Alonso, que acaba de publicar el libro La huella invisible. Cómo el ADN cambió la historia de la justicia en España (Crítica), con ocho de sus casos más emblemáticos.

Uno de los capítulos desmenuza la historia de Inés Madrigal, que atrajo la atención de la prensa de medio mundo en 2018. Era, relataban, el primer juicio por un presunto bebé robado en España. Madrigal denunció al ginecólogo Eduardo Vela, que en 1969 la entregó recién nacida a un matrimonio en la clínica madrileña San Ramón, con un certificado falso de nacimiento. “Me gustaría que pidiera perdón a todas esas madres a las que presuntamente enseñó bebés congelados diciéndoles que era su niño muerto”, declaró Madrigal antes del juicio.

Finalmente, en medio del proceso judicial, la denunciante encontró a sus hermanos biológicos gracias a una empresa que busca a familiares a partir del ADN, y estos le comunicaron que su madre, soltera en aquella época de moral ultraconservadora, la había entregado en adopción. El Tribunal Supremo reprochó en 2020 a la Audiencia Provincial de Madrid que hubiese considerado probado el robo en una primera sentencia, sin tener pruebas concluyentes.

Madrigal cuenta ahora por teléfono que 200 medios de comunicación se acreditaron para seguir su juicio. “Me cansé de explicarles que, hasta que no encontrase a mi familia, yo no sabía qué había ocurrido. Daba igual, me llamaban bebé robado. Me cansé de desmentirlo”, afirma. “Vela no me robó, pero mi madre es una de aquellas mujeres a las que la sociedad, en vez de ayudarlas a conservar sus bebés, les decía que eran unas putas por tener un hijo fuera del matrimonio”, sostiene.

Inés Madrigal, que fue el símbolo de los bebés robados, opina sobre el nuevo estudio del INTCF: “Puedo estar de acuerdo en que en España no ha existido el robo de bebés que hayamos podido probar científicamente, pero que no me digan taxativamente que no ha existido el robo de bebés, porque eso depende de más información, que a lo mejor no tienen”. La asociación SOS Bebés Robados Madrid sigue recogiendo en su web que se robaron 300.000 niños. También Izquierda Unida hizo suya la cifra al plantear una Proposición de Ley sobre Bebés Robados en el Congreso hace dos años.

El genetista forense Manuel Crespillo, director del Departamento de Barcelona del INTCF, lamenta los “errores gravísimos” cometidos en pruebas de ADN realizadas en laboratorios privados. Uno de los primeros lo sufrió Manuela Polo, una mujer octogenaria con un bebé fallecido al nacer en 1968 en un hospital coruñés. En 2012, empezó a sospechar que había sido víctima de aquella mafia de la que hablaban los medios y, gracias a las asociaciones, conoció a María Jesús Cebrián, que fue adoptada en Valencia en 1968 y buscaba a su madre biológica. Se hicieron la prueba del ADN en un laboratorio privado y el resultado preliminar fue un 99,7% de probabilidades de ser madre e hija: “Uno de los bebés robados de España se reúne con su madre 44 años después”, tituló The Guardian. En 2014, EL PAÍS habló con el gerente del laboratorio y reveló que no existía ningún parentesco. “Fue una falsa alarma. Lo dije, pero se montó el follón”, declaró.

Crespillo ―curtido en casos como la identificación genética del cabecilla de los atentados yihadistas de la Rambla de Barcelona y Cambrils, el imán de Ripoll― lamenta que pasase desapercibido un estudio que su equipo publicó en 2015 con los resultados de 58 casos de presuntos bebés robados. Los restos, recuerda, estaban en sus tumbas o había otras explicaciones, como reformas en los cementerios o traslados de los huesos a osarios. “Cuando el asunto estaba en su plena efervescencia, hubo bastante conflicto respecto a estos datos, no se querían oír, pero la ciencia nos está diciendo lo que nos está diciendo: son análisis representativos”, opina. Crespillo anima a “la gente que pueda tener dudas” a acudir al Servicio de Información a Afectados por la Posible Sustracción de Recién Nacidos, una oficina del Ministerio de Justicia que, desde 2013, facilita de manera gratuita el acceso a documentos administrativos e intenta centralizar los perfiles de ADN de las personas implicadas. 870 ciudadanos han iniciado una búsqueda con este servicio hasta la fecha.