El Gobierno ve estéril el recurso de Ayuso al impuesto a los ricos: “Es un gesto político, no preocupa”

Fiscalidad

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Hacienda y Moncloa coinciden en que la queja de la presidenta madrileña ante el TC no tiene recorrido.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en el acto ‘Future fast forward’E. P.

«Es un gesto político» que «no preocupa» y que no tiene recorrido en el Tribunal Constitucional. Porque el motivo sobre el que se asienta el recurso de inconstitucionalidad, que es la invasión de las competencias autonómicas en política fiscal, carece de sentido ya que el impuesto de Patrimonio es una figura cedida a las comunidades pero de carácter estatal. Esto es, que es el Estado, y por lo tanto Hacienda, es quien tiene la última decisión sobre el impuesto.

En el Ministerio de Hacienda y en Moncloa explican así por qué consideran que el recurso que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó esta semana ante el TC por el nuevo impuesto a las Grandes Fortunas es totalmente estéril. No va a ninguna parte, añaden, más allá del valor político y electoral que la presidenta madrileña consiga darle.

A lo ya expuesto hay que sumar otros dos aspectos fundamentales. Por una parte, que los recursos ante el Constitucional se pueden alargar muchos años, y por otro, que la mayoría progresista que ahora existe en el Tribunal resta muchas opciones a que prospere la queja contra un impuesto a las rentas más elevadas, por el momento de carácter temporal y en un contexto de crisis económica y empobrecimiento de la población. «Y además se enmarca perfectamente en la normativa y es de carácter progresivo», añaden en Hacienda, en donde descartan que se vayan a decretar medidas cautelares como la suspensión inmediata que exige Ayuso.

En la Comunidad de Madrid, en Andalucía y en el conjunto del PP, en cambio, defienden que sí hay una clara invasión de las competencias. Que la armonización «por la puerta de atrás» que aplicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al aprobar el nuevo impuesto a los ricos para contrarrestar las bonificaciones, sí choca con la autonomía fiscal que las comunidades tienen reconocida en la Constitución.

El argumento de Hacienda, añaden fuentes de la Comunidad de Madrid, es totalmente endeble, ya que el impuesto se cedió a las autonomías con plena capacidad para establecer bonificaciones y así figura en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónoma (LOFCA). Por ello, en el PP están decididos a continuar con la batalla fiscal que ya han iniciado y poder mantener así la política de bajos impuestos que aplican.

“Minoría acaudalada”

Una política, vuelven a replicar en Hacienda, que sólo defiende «los intereses de una minoría acaudalada, que son los que mueven los grandes capitales». Esto último lo apuntó la propia ministra Montero en el día de ayer, justo antes de participar en el foro Future fast forward del sector de la automoción.

unto a su ataque al Partido Popular y a la presidenta Ayuso, Montero también señaló a las entidades bancarias. Se sumó así a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la ministra Belarra y, en definitiva, a la presión conjunta que el Gobierno está aplicando sobre los bancos tras sus buenos resultados financieros. «En estos momentos en los que hemos conocido beneficios récord, millonarios, las grandes entidades deben aportar una parte de los mismos para que se beneficie el conjunto de la sociedad», afirmó la responsable de Hacienda.

«Ojalá esto se pudiese hacer de forma voluntaria, pero ya saben que eso es difícil», prosiguió Montero, que de esta manera justificó el nuevo impuesto a la banca y también a las compañías energéticas. «Que el Gobierno haya impulsado estas medidas fiscales es de justicia fiscal, de justicia social», subrayó.

La ministra explicó asimismo que las nuevas figuras estarán totalmente vigentes «en los próximos días». El plazo para el primer adelanto de la liquidación comenzaba el pasado miércoles, 1 de febrero, pero la realidad es que se ha producido un retraso en el proceso y la normativa todavía está en el Consejo de Estado. Montero restó importancia a esta situación, e incidió en que en unos días los modelos «estarán disponible para que las empresas puedan cumplir con su obligación tributaria con Hacienda».

Source: elmundo.es

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