Ferrovial se ha adjudicado más de 1.000 millones en contratos del Estado en la era Sánchez y no paga Sociedades desde 2020

Ferrovial, la multinacional de construcción e infraestructuras, no ha pagado nada por el impuesto de sociedades desde 2020 en España, el año en que estalló la pandemia de coronavirus, según figura en sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. No es una situación especial para el grupo que preside Rafael del Pino: Ferrovial solo ha tenido que pagar el impuesto sobre beneficios en tres ejercicios durante la última década, según se desprende de las cuentas anuales consolidadas de la matriz del grupo y confirman dos fuentes oficiales. Desde 2010 solo ha tributado por este impuesto sobre las ganancias durante los años 2014, 2018 y 2019. El resto de ejercicios se ha librado de pagar al registrar pérdidas en España y aplicarse créditos fiscales (una deducción que rebaja la factura con el fisco). Veteranos inspectores de Hacienda recuerdan que en algunos seminarios de tributación se pone como ejemplo a Ferrovial y a la familia Del Pino para ilustrar cómo funciona la ingeniería fiscal y financiera para reducir al mínimo el pago de impuestos.

España no es un mercado cualquiera para Ferrovial. La compañía de construcción e infraestructuras reconoce en su último informe anual que un 18% de las ventas que hizo en 2022 provenían de España, solo por detrás del 21% del Reino Unido y del 36% que aglutinan EE UU y Canadá. Y de ese suculento negocio español da también cuenta la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta muestra que desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó por primera vez a La Moncloa, las empresas del grupo han ganado contratos públicos por valor de 1.014,9 millones de euros por parte de los organismos y empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento), que es su principal contratante dentro de la Administración española.

En esos casi cinco años, las infraestructuras ferroviarias han sido la principal fuente de ingresos procedentes de obras públicas españolas para la empresa que preside Rafael del Pino. Adif, la compañía estatal que gestiona las vías y estaciones de tren, le ha concedido contratos con un valor que supera los 731 millones. A mucha distancia queda Aena, la empresa de mayoría de capital público que gestiona casi todos los aeropuertos españoles, con más de 164 millones. En puertos (87,9 millones) y carreteras (31,8 millones) las adjudicaciones han sido más reducidas. La fotografía se completa con un contrato de 30.286 euros por parte de Renfe Operadora que tuvo como misión la prestación del servicio de cafetería.

Los datos de la plataforma recogen las adjudicaciones a cualquiera de las compañías del grupo Ferrovial, y de ellos se ha prorrateado la parte que le corresponde en el caso de que concurriera al concurso en una unión temporal de empresas (UTE). Por años, se observa que 2019 fue el más jugoso para la firma de infraestructuras, con cerca de 425 millones en adjudicaciones. 2020, como era de esperar por la pandemia de coronavirus, fue el peor con unos 22 millones de ingresos procedentes del ámbito de Fomento. En el último ejercicio, 2022, se observa el tirón de los fondos europeos sobre la inversión y el importe sube hasta 322,7 millones. En la misma presentación de resultados en que Del Pino anunció la intención de trasladar la sede de la compañía de España a Países Bajos, se reconocían unos ingresos totales en 2022 de 7.551 millones. Esto significaría que el Ministerio de Transportes aportó más del 4% del negocio de Ferrovial el año pasado.

La relación de la compañía con las diferentes Administraciones españolas es muy larga, pero la Plataforma de Contratación del Sector Público tiene un límite temporal: 1991. Desde entonces, las adjudicaciones a Ferrovial de los diferentes ministerios de Fomento (en la denominación que estos hayan adoptado en cada legislatura) se acerca a los 9.000 millones. Concretamente, en los últimos 32 años el grupo de la familia Del Pino ha recibido adjudicaciones por 8.868,3 millones. En los primeros tiempos, actuaba sobre todo de contratista de carreteras y puertos. Pero paulatinamente fueron ganando peso las obras y concesiones para temas ferroviarios y aeroportuarios.

Los cambios políticos en el Gobierno no parecen haber pasado factura para la compañía que nació en un ático de Madrid el 18 de diciembre de 1952. En el historial de su relación como contratista de Fomento sí se notan, en cambio, los avatares económicos que ha atravesado España. En la primera década del siglo XXI, por ejemplo, raramente recibió menos de 400 millones anuales en contratos, y esa cifra llegó a suponer 785,6 millones en 2007, el año previo al estallido de la burbuja. Cuando la Gran Recesión empezó a hacer mella en la capacidad inversora del Estado, llegó la sequía: entre 2013 y 2018 no superó ningún año los 103 millones en adjudicaciones. 2016, con tan solo 32 millones, fue su peor ejercicio.

La situación mejoraría mucho a partir de la llegada de Sánchez a La Moncloa, cuando los Presupuestos empezaron a incrementar las partidas de inversión. De ahí el enfado que ha expresado el Gobierno con la decisión de Ferrovial y las razones que ha dado para argumentarla. También la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha puesto en contacto con Del Pino, según fuentes del Ejecutivo. La responsable del departamento que más contratos públicos da a Ferrovial ha pedido al presidente de la compañía que “amplíe detalles e información” respecto al plan de marcha a Países Bajos, incidiendo especialmente en que dé garantías de mantenimiento del empleo y de su actividad inversora en España.

En 2022 pagó un 0% en sociedades

Las cuentas de 2022 ilustran a la perfección la práctica del grupo constructor. En la Memoria Anual de las Cuentas anuales informa de su situación fiscal y detalla el gasto tributario por sus seis grandes zonas geográficas de actividad: España, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Canadá y otros territorios. En España, la compañía presidida por Rafael del Pino asegura que registró unas pérdidas antes de impuestos de 96 millones de euros. Y eso a pesar de que el presidente ejecutivo de la emblemática constructora, que despegó gracias a los contratos públicos conseguidos durante el franquismo y la transición, aseguró el pasado martes que el resultado neto del grupo alcanzó los 186 millones de euros, un 84% menos por la ausencia de resultados extraordinarios. Además, en 2022 recibió cerca de 323 millones de euros en contratos de la Administración del Estado, la mayor parte de Adif, la empresa que gestiona la red pública ferroviaria.

Tras aplicar los diferentes ajustes para conciliar el resultado contable y el fiscal (hay gastos que no son deducibles) y después de restar los créditos fiscales, la empresa reporta un gasto por impuesto de beneficios ajustado de cero euros en 2022. Es decir, no desembolsó dinero en España por el impuesto sobre las ganancias el año pasado. La empresa admite en el documento público que el tipo efectivo sobre el resultado fiscal fue del 0%, pese a que el tipo legal del impuesto sobre sociedades está en el 25%.

Cuando una empresa tiene pérdidas no solo no debe pagar el impuesto sobre sociedades, sino que puede compensar esos números rojos en los ejercicios futuros en el pago de impuestos. En el caso de grupos consolidados, se tendrá en cuenta también el desempeño de las filiales, ya que algunas pueden tener ganancias y otras registrar ejercicios en negativo.

Créditos fiscales no aplicados

Estos créditos fiscales que se generan de cara a la Hacienda pública, sin embargo, pueden usarse únicamente si la empresa mejora sus resultados. “Solo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras”, explica una fuente jurídica. Es decir, hay que hacer un ejercicio de planificación sobre el rumbo que tendrá la sociedad. “Activas el crédito si esperas obtener beneficios en los años siguientes”, resume Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Normalmente, el plazo considerado oscila entre los 10 y los 15 años.

El grupo consolidado fiscal español de Ferrovial decidió, sin embargo, no activar los créditos fiscales reconocidos en 2022, equivalentes a 160 millones de euros (de los 712 totales, incluidas todas las jurisdicciones). Y lo hizo “ante la duda razonable” de que las bases negativas “puedan ser recuperadas a corto plazo”, según apunta en sus cuentas, en las que habla de un “criterio de prudencia” basado en “las últimas proyecciones disponibles de resultados esperados de las sociedades del grupo”. Lo mismo ocurrió en 2021.

“Todo hace pensar en que el grupo no ha activado los créditos porque no puede usarlos, porque ya había tomado la decisión de irse de España”, señalan fuentes jurídicas que piden anonimato. “En una empresa de ese volumen, lo previsible es que recupere las bases negativas. Hacen una evolución de previsiones a futuros. Es verdad que es como jugar con una bola de cristal, pero todo parece indicar que en el momento en que se formularon las cuentas ya tenían pensado irse. Una decisión de ese nivel no se toma de un día a otro”.

“Las multinacionales tienen todo planificado al 100%, las ventajas fiscales en Países Bajos para los holdings existen desde hace tiempos y las consultoras conocen todas al dedillo”, añade una fuente de la Administración. “Para dar el paso tienes que tener una ventaja sólida y explicarlo bien a los accionistas. Las multinacionales lo tienen todo atado hasta el último céntimo”, añade.

El ejercicio 2022 no es un año anómalo en cuanto a la situación fiscal. El grupo tampoco pagó impuestos en 2021 y 2020. Durante esos periodos registró unas pérdidas antes de impuestos de 86 y 91 millones respectivamente, lo que le permitió generar unos créditos fiscales de 56 millones de euros en esos dos años.

Los años 2018 y 2019 fueron una excepción en la situación fiscal de Ferrovial. Esos años obtuvo unos beneficios en España más generosos: de 113 millones y de 659 millones, según figura en sus cuentas anuales consolidadas. Durante esos ejercicios el grupo constructor y de infraestructura, que cuenta en España con unos 4.500 empleados, pagó esos años a la Hacienda pública 33 y 30 millones respectivamente en concepto de sociedades por la buena cosecha de resultados.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal

Source: elpais.com